MANIFIESTO de la Profesión Enfermera sobre la vacunación y realización de pruebas diagnósticas de COVID-19, en las oficinas privadas de farmacia.

En los últimos años, el colectivo farmacéutico de la empresa privada viene reclamando de forma insistente competencias para administrar vacunas en sus oficinas privadas de farmacia. Esta presión se ha incrementado en los dos últimos años, llegando a su cima durante esta pandemia Covid.
Pese a las continuas negativas de la Administración y la frontal oposición de las Organizaciones Enfermeras, desde las farmacias se insiste en cambiar las regulaciones que actualmente impiden vacunar en las farmacias.
Los intereses económicos, y sus esperados beneficios para las farmacias privadas, están detrás de esta iniciativa y no tanto el bien común o la salud pública. Pese al maquillaje y la cosmética que adornan muchas farmacias y los bondadosos argumentos para administrar vacunas, se encuentra un negocio privado, que ya cobra su porcentaje en la venta de una vacuna y que proponen ahora incluso administrarla y, claro está, cobrar por ello.
Desde la Sanidad Pública, a través de las enfermeras y enfermeros, se ha cumplido durante décadas con esta competencia, alcanzando con éxito todos los objetivos de higiene, seguridad, calidad y de forma totalmente gratuita, siendo nuestro país uno de los que mayor porcentaje de vacunación alcanza entre los países de nuestro entorno.
La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido. La falta de garantías de asepsia de las farmacias para este fin hace impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior. Pero sin duda, lo que resultaría injustificable sería que el personal de la farmacia procediera a administrar las vacunas de forma autónoma o por función delegada, ya que en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera, que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata).
No es una polémica nueva, ni aislada, ni exclusiva de las vacunas. Ya lo intentaron potenciando la atención en los domicilios de los pacientes y cuidadores, colisionando totalmente con la normativa vigente. Ahora, además de la vacunación de la gripe, pretenden realizar pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19 en las farmacias. Un paso más para una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones.

Desde el conjunto de la profesión Enfermera, la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Asociación Española de Estudiantes de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería, Consejo General de Enfermería, firmantes de este manifiesto, queremos transmitir a la opinión pública con respecto a la promoción de la vacunación y realización de pruebas para la detección del COVID-19 en las oficinas privadas de farmacia, lo siguiente:
Consideramos que la vacunación en las oficinas privadas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes, debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada, claramente, en intereses económicos.

La realización de pruebas para diagnósticas para COVID en las farmacias representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos, como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios
reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas.
En el modelo sanitario público actual, no existe ninguna necesidad de vacunar o realizar pruebas diagnósticas para COVID en una farmacia. Los argumentos esgrimidos sobre la asistencia en farmacias en algún país de nuestro entorno (como Francia o Italia) encuentran una respuesta sólida. Se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias. Además, estos países no cuentan con una red de centros de salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Reforzar la asistencia en Atención Primaria tiene que ser la salida a esta crisis, no desviar la misma estableciendo nuevas vías de lucro relacionadas con la Salud Pública.
Como conclusión:
 Las enfermeras y enfermeros no queremos entrar en conflicto con los farmacéuticos por cuestiones que ya nos reconocen las competencias legalmente establecidas para nuestra profesión, pero nos vemos obligados a manifestar nuestra posición al respecto.

 Entendemos que pretender usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario, se trataría de una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones, que oculta intereses en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y no un beneficio ni mejora para los ciudadanos. Lo que representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos.

 La Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales.

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El Consejo General de Enfermería y la Sociedad de Enfermería Geriátrica y gerontológica alertan del peligro de sustituir a las enfermeras en los geriátricos y residencias por técnicos de nueva formación

 La Federación Empresarial de la Dependencia ha propuesto en la Asamblea de Madrid crear a nivel nacional un título de técnico en Enfermería Geriátrica para solucionar los problemas de personal en los centros sociosanitarios.
 El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Sociedad Españolada Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) advierten que los cuidados que proporcionan las enfermeras especialistas en Geriatría y las enfermeras responsables de cuidados generales son cruciales en las residencias de mayores y que prescindir de profesionales sanitarios con titulación universitaria y experiencia pone en peligro la salud y la seguridad clínica de los residentes.
 Otros criterios de índole económica, como el ahorro en salarios, conviven con la evidente falta de personal que sufren las residencias, que han sufrido el impacto de
la pandemia con dureza.
 CGE y SEGG recuerdan a la patronal de la dependencia que “ya existen perfiles sanitarios consolidados para ofrecer a nuestros mayores la atención digna que merecen los mayores: enfermeras y médicos especialistas en Geriatría, técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y gerocultores. No es necesario improvisar nuevas figuras, sino que las empresas que gestionen las residencias ofrezcan unas condiciones laborales decentes y apuesten por la formación continua de sus trabajadores independientemente de su categoría profesional. Estos parches no benefician a los pacientes en absoluto”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

La carencia de personal de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios ha influido en la elevada mortalidad y los estragos que ha causado el coronavirus, una situación dramática cuya solución no puede pasar por reemplazar a las enfermeras generalistas y especialistas en Geriatría por unos técnicos con una formación no universitaria. Esa es la propuesta que ha hecho pública la Federación Empresarial de la Dependencia, organización patronal nacional que agrupa a todo el sector empresarial de atención a la Dependencia, a través de su presidente, Ignacio Fernández Cid, que intervino ayer en la Asamblea de Madrid para explicar su punto de vista sobre la situación de las residencias de mayores.
El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Sociedad Españolada Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) consideran que la propuesta de Fernández Cid está muy lejos de ser la respuesta que necesitan los centros y servicios sociosanitarios para proporcionar unos cuidados dignos y de calidad a nuestros mayores y a otras personas dependientes que residen en este tipo
de centros. De hecho, difícilmente se puede garantizar una correcta atención a estas personas reemplazando a las enfermeras por técnicos de Formación Profesional. Junto a las enfermeras y enfermeros, los técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y los gerocultores tienen un papel fundamental en el ámbito sociosanitario, por ello, en ningún caso pueden ser reemplazados por un nuevo perfil profesional.
Cabe recordar que independientemente del hecho que haya un déficit de enfermeras en las residencias a causa de la nefasta planificación histórica de los recursos humanos en la Sanidad española -un déficit estructural y muy grave-, las empresas que gestionan los centros sociosanitarios tienen problemas para contar con profesionales sanitarios cualificados -en este caso enfermeras debido a que ofrecen unas condiciones laborales y salariales muy alejadas de la media de la Sanidad pública , ya de por sí impropias de un país de nuestro nivel de desarrollo.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería ha recordado a la patronal que “ya existen perfiles sanitarios consolidados para ofrecer a nuestros mayores la atención digna que merecen los mayores: enfermeras y médicos especialistas en Geriatría, técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y gerocultores. No es necesario improvisar nuevas figuras, sino que las
empresas que gestionen las residencias tienen que ofrecer unas condiciones laborales decentes y apostar por la formación continua de sus trabajadores independientemente de su categoría profesional. Las competencias profesionales de las enfermeras están claramente definidas, y se complementan con las competencias que tienen los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
Estos parches no benefician a los pacientes”, explica.
El presidente de CGE insiste en que “el abordaje del problema pasa también por convocar más plazas de Enfermeras Internas Residentes (EIR) de Geriatría, ahora casi testimoniales, y eso depende del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas y, por otro lado, incorporarlas de forma efectiva al ámbito geriátrico donde aportarían una gran labor tanto en la labor asistencial como gestora. Y, en cualquier caso, estas empresas privadas deben recurrir a los profesionales adecuados para cada parcela de la atención a los mayores y otros dependientes, ofrecerles salarios justos, condiciones dignas y apostar por la excelencia. Nuestros mayores se merecen ese esfuerzo desde el punto de vista público y privado, pero no sirve proponer soluciones parciales que empeoren el ya de por sí preocupante panorama que vivimos”, añade Pérez Raya.
Por su parte, Fernando Martínez Cuervo, presidente de la Sociedad Españolada Enfermería Geriátrica y Gerontológica, ha asegurado que “esta propuesta ni es realista ni vendría a suponer solución alguna, cabe recordar que las enfermeras que trabajan en los centros geriátricos se han jugado la vida por cuidar de sus pacientes y han llegado a instalarse en las residencias a vivir para que no entrase el virus en ellas. Si el COVID-19 ha provocado más estragos ha sido por su compromiso y dedicación con sus pacientes y la capacidad de liderazgo y gestión que han demostrado. La solución no pasa por sustituir a las enfermeras sino por apostar por ellas El presidente de SEEGG ha puesto de manifiesto la necesidad de velar en todo momento por la calidad de los centros saciosanitarios, garantizando la seguridad y la calidad de vida de los residentes a través de los mejores cuidados posibles. “La solución es tan sencilla como aprovechar todo el potencial asistencial y gestor de las enfermeras. Las residencias son, ante todo, centros de cuidados de personas y, por tanto, resulta absolutamente fundamental que exista siempre una enfermera supervisando y gestionando dichos cuidados. Cualquier otra solución supondría un claro perjuicio contra la salud de estas personas”.

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El Consejo General de Enfermería pide a Sanidad que incorpore a las enfermeras en la toma de decisiones contra el COVID-19 y desarrolle una planificación de recursos humanos que dé respuesta a las necesidades de los pacientes

 Los representantes de las enfermeras han pedido a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que el Ministerio deje de actuar por su cuenta e incorpore a representantes de la profesión más numerosa del sistema sanitario en la toma de decisiones de la actual lucha contra la pandemia.
 La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería (CGE), Pilar Fernández, ha recordado que, “si queremos dar respuesta a las necesidades asistenciales de una población caracterizada por el envejecimiento y la cronicidad, hay que aprovechar al máximo todo el potencial asistencial de las enfermeras, las expertas en los cuidados”.
 España se encuentra a la cola de Europa en número de enfermeras por habitante (5,3 enfermeras por cada mil habitantes, frente las 9,1 de media en la Unión Europea) y necesitaría más de 142.000 profesionales para dar respuesta a las necesidades de la población.
 El CGE ha pedido a Sanidad que acelere la aprobación de los protocolos que rigen la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras y que en el próximo Consejo Interterritorial las CC. AA. que aún no lo han hecho, asuman el compromiso de aprobar las normas para la acreditación de las enfermeras/os en este ámbito.
 Han mostrado su preocupación por estrategias puestas en marcha desde las oficinas de farmacia para asumir competencias de médicos y enfermeras de atención primaria y así multiplicar aún más sus beneficios a través de una privatización encubierta de la sanidad.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y su equipo se ha reunido esta tarde con la vicepresidenta y el vicesecretario del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández y José Luis Cobos, respectivamente.
El objetivo de este encuentro era abordar los actuales desafíos de nuestro sistema sanitario. Un sistema no sólo abocado a afrontar la actual situación de pandemia por COVID-19, sino marcado también a un futuro a medio plazo por la creciente necesidad de cuidados enfermeros en la población española, cada vez más envejecida y aquejada de patologías crónicas.

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Carta a los portavoces de los distintos grupos políticos

La Mesa Enfermera reclama acciones en la Asamblea de Madrid para mejorar la Atención Primaria y rechazar la realización de test COVID en las oficinas privadas de farmacia

→ La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, pide reunirse con todos los grupos políticos en la Asamblea madrileña para abordar iniciativas parlamentarias que mejoren la sanidad pública y eviten el intento de los farmacéuticos de que se implante la mal llamada ‘farmacia comunitaria’ en la sanidad pública de la comunidad autónoma de Madrid.
→ La Mesa Enfermera incide en que las oficinas de farmacia no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se pudiera realizar las pruebas de detección del COVID-19.
→ Las pruebas deben ser realizadas siempre en centros sanitarios que cumplan las medidas de seguridad que impone la normativa sobre prevención de riesgos laborales y por parte de los profesionales sanitarios que marca también la legislación vigente.

– La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha trasladado a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid la necesidad de adoptar iniciativas parlamentarias que puedan reforzar y mejorar la Atención Primaria, como servicio público y gratuito para todos los ciudadanos, en lugar de posibilitar la implantación de prácticas con fines empresariales privados, como es la mal llamada ‘farmacia comunitaria’, que van en detrimento del normal funcionamiento de nuestro sistema sanitario y de la seguridad de los pacientes.

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