Las más de 325.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en España, y el Consejo General de Enfermería (CGE) en su nombre, han recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, la máxima condecoración que se concede para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad.

Ha sido durante el acto organizado por el Ministerio de Sanidad por el Día Mundial de la Salud donde la ministra, Carolina Darias, al presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. Posteriormente, Pérez Raya ha reiterado que “este reconocimiento es para cada uno de los enfermeros y enfermeras de España. Esta distinción es para ellos y ellas, profesionales entregados sin los que hubiese sido imposible paliar los daños de las primeras olas de la pandemia de COVID-19 y sin los que la mayor campaña de vacunación de la historia no se habría llevado a cabo”.

Una vez terminada la jornada, el presidente de las enfermeras ha manifestado que siente “un sabor agridulce al recibirla”. “Sé que se reconoce la gran labor y sacrificio realizado por la enfermería española durante la pandemia del COVID-19 y la gran campaña de vacunación realizada, pero es inadmisible la situación que desde hace muchos años estamos soportando las enfermeras españolas y no encontrar ninguna sensibilidad por parte del Ministerio para solucionar algunos de los problemas históricos que están sin resolver”, ha afirmado.

SIN DISCURSO

Sin posibilidad de discurso de agradecimiento, Pérez Raya ha recopilado ante los medios, a la salida del ministerio, cada una de las numerosas injusticias que las administraciones deben subsanar si quieren tener un Sistema Nacional de Salud fuerte. “Es injusto que se despida en todas las Comunidades Autónomas a nuestros profesionales, ahora que va mejor la pandemia, cuando conocen sobradamente que las plantillas son exiguas y nuestras ratios de profesionales están entre las peores de los sistemas sanitarios europeos y no lo digo yo solo, sino también la Organización Mundial de la Salud”, ha apuntado.

Asimismo, ha querido mostrar su decepción por los tres lustros que lleva la profesión esperando el buen funcionamiento de las especialidades. “Es inadmisible que llevemos 15 años esperando a que se reconozcan unos especialistas que, sin duda, beneficiarían al sistema. Cada año formamos a más de mil profesionales, que en muchas comunidades no tienen oportunidad de ejercer como especialistas”, ha resaltado.

REIVINDICACIÓN

De la misma forma, ha reivindicado la necesidad de que las enfermeras tengan el nivel A, en igualdad con otras profesiones graduadas. “Nos corresponde el nivel A y ahí es donde tenemos que figurar por formación académica y por responsabilidad”.

Aunque el Consejo General e Enfermería reitera su agradecimiento, quiere dejar patente que “una distinción nunca puede tapar el agravio a mi profesión durante tantos y tantos años, por parte de todas las ideologías y partidos políticos”.

A la ministra de Sanidad, Carolina Darias, las enfermeras le piden que se convierta en el primer mandatario público que pone fin a las injusticias que viene sufriendo las enfermeras desde hace décadas. Las mismas enfermeras que salvaron miles de vidas en la pandemia, las mismas que se jugaban la vida cada día, las mismas a las que aplaudíais en balcones y ventanas.

NUESTRAS VIDAS

Durante su discurso, Darias ha puesto en valor a los profesionales y a la campaña de vacunación, tras el impacto del virus, que “ha impactado en nuestras vidas, en nuestras relaciones sociales y en nuestro sistema de salud, sometido a un esfuerzo sin precedentes”.

“Ustedes en sus respectivos ámbitos han cuidado de la ciudadanía en un contexto de crisis sanitaria, donde la evidencia y los recursos eran limitados. Su labor y compromiso han sido desde siempre, pero especialmente intenso en estos tiempos. Han sido referentes en un sistema basado en los cuidados. Gracias por ese inmenso trabajo”, ha resaltado la ministra.

Además de al Consejo General, las enfermeras también han estado representadas con la encomienda de la Orden Civil de Sanidad, que se ha entregado a la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac) “por el esfuerzo y el trabajo enfermero en el campo de la vacunación”. Su presidente, José Antonio Forcada, ha querido también expresar su agradecimiento a la salida del ministerio. “Es un honor para nosotros haber recibido estas medallas. Están muy bien los aplausos, pero ahora tenemos que refrendar todos estos aplausos con acciones concretas que hagan que el colectivo de enfermería tengamos muchas más posibilidades de desarrollo y trabajo”, ha comentado.

«ESTÁN DE MODA»

En este sentido, ha puntualizado que ahora mismo “las vacunas están más de moda que nunca y esta moda ha llegado para quedarse con mucha más fuerza que antes. La administración debe potenciar ese trabajo y a nuestros profesionales de enfermería”.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos también han recibido el reconocimiento de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha concedido una Encomienda con Placa a título póstumo a Salvador Tranche Iparraguirre, el que fuera presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), por su labor destacada en el desarrollo de la Atención Primaria en nuestro país. También la ha recibido el jefe de Área de la División de Productos Biológicos, Terapias Avanzadas y Biotecnología de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Agustín Portela Moreira, y la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Gallina, por su papel destacado en liderar la estrategia europea de vacunas.

OTRAS CONDECORACIONES

El Ministerio de Sanidad reconoce además la labor de algunas sociedades por su importante aportación, concediendo Encomiendas a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), a la Federación de Asociaciones Científico Medicas Españolas (FACME), a la Asociación Española de Vacunología (AEV) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También encomienda han recibido los departamentos que han contribuido a estos mismos fines del Ministerio de Defensa, en concreto a los equipos de Sanidad Militar, a la Base Aérea de Getafe del Ejército del Aire y al Equipo Móvil de Vacunación del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra por su inestimable colaboración con las autoridades sanitarias para llevar a buen puerto la campaña de vacunación aún en circunstancias complejas.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha otorgado 19 cruces sencillas por la coordinación de la campaña de vacunación frente al COVID-19 de cada ciudad o comunidad autónoma del grupo de Gestión Integral de la Vacunación (GIV-COVID), por su intenso y encomiable trabajo que ha logrado que España sea el país de nuestro entorno con mayores tasas de vacunación.

Se ha concedido esta misma distinción por la comunicación tanto en la pandemia como en la campaña de vacunación a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y a la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Tele.

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El CGE no acepta las explicaciones del Gobierno sobre la FP sociosanitaria y pide que se apueste por las enfermeras y se mejoren las ratios, verdadero problema del ámbito sociosanitario 

• El Ejecutivo afirma que “la cualificación profesional de ‘Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal’ en ningún caso puede ser considerada como del ámbito de la familia profesional de sanidad, ni describe competencias propias de los profesionales sanitarios”.
• La Organización Colegial de Enfermería asegura que es incierto porque “los contenidos que aparecen en el plan de estudios dejan claro que se busca una supervisora o supervisor de los cuidados que se realizan a personas con dependencia o en residencias, trabajo que debe hacer una enfermera”.
• “Deben replantearse la escasez de enfermeras y hacer un plan de gestión de recursos humanos coherentes para que a medio plazo podamos tener un número de enfermeros en España acorde con la media de la Unión Europea y que den respuesta a todas las necesidades de la población”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. 

El Consejo General de Enfermería rechaza la explicación del Gobierno sobre la nueva FP de supervisión sociosanitaria y reitera que es un despropósito esta nueva formación, ya que son las enfermeras y enfermeros los que pueden realmente supervisar y dar garantías a las personas mayores. El descontento entre los profesionales de enfermería ha crecido tras la respuesta parlamentaria del Ejecutivo en la que afirman que “la cualificación profesional de ‘Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal’ en ningún caso puede ser considerada como del ámbito de la familia profesional de sanidad, ni describe competencias propias de los profesionales sanitarios”.

Asimismo, el Gobierno de Pedro Sánchez considera necesario este perfil y más después de estos dos años de crisis sanitaria porque “es un perfil apreciado por las Administraciones autonómicas competentes en materia socioasistencial y se ha puesto en evidencia con mayor intensidad a raíz de la pandemia de COVID-19 y su incidencia en las residencias de personas mayores”.

Desde el Gobierno también destacan que “se trata de un ámbito de actividad directa de prestación a personas dependientes que se desarrolla por personas cualificadas en el sector socioasistencial, pero que mantienen una clara diferenciación de los servicios puramente sanitarios, prestados en exclusiva por el personal titulado sanitario”.

Buscan una supervisora de cuidados

Ante estas afirmaciones, Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, apunta que es totalmente incierto, ya que “los contenidos que aparecen en el plan de estudios dejan claro que se busca una supervisora o supervisor de los cuidados que se realizan a personas con dependencia o en residencias, trabajo que debe hacer una enfermera”. “Los cuidados de este tipo de pacientes tienen que llevarlos a cabo las enfermeras y la dirección de cuidados la deben realizar las especialistas en Geriatría, que tienen una formación específica de dos años, además de la formación de grado, que ya son cuatro años, sumando un total de seis años de estudio y formación”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

El presidente de las más de 325.000 enfermeras y enfermeros de España subraya que “apenas sacan medio centenar de plazas para formar a especialistas, cuando realmente los que más necesitan cuidados, como bien sabemos, son los mayores. En vez de potenciarlo, se inventan una formación en este ámbito, que, claramente, choca frontalmente con las competencias de las enfermeras”.

Rectificar

Por este motivo, Diego Ayuso considera fundamental que el Gobierno escuche a la profesión y reconozca que han cometido un error. “Todos podemos equivocarnos cuando tomamos decisiones y cuando nos damos cuenta, debemos admitir el error. Deben retirar esa formación que no aporta ningún valor ni a la sociedad ni a la atención a los mayores y dependientes. Es necesario apostar por enfermeras y enfermeros, que son los que realmente saben cuidar y supervisar los cuidados”.

Además, Ayuso asevera que “resulta inadmisible que digan que es una formación que no tiene nada que ver con las profesiones sanitarias y luego en el programa formativo aparezca claramente que vigilarán la movilización de los pacientes, que tenga una buena nutrición, una buena atención asistencial…”.

“Esto lo tienen que hacer -añade- los médicos o los enfermeros y es así como funciona nuestro Sistema Nacional de Salud. Si quieren plantear un nuevo modelo, tendrán que hablar con las profesiones que ya existimos y a las que no nos han preguntado. Parece que no quieren ver la realidad del sistema o no les interesa apostar por profesiones como la nuestra”.

Escasez de enfermeras

Por último, Diego Ayuso expresa que lo que se debe hacer es “replantearse la escasez de enfermeras y hacer un plan de gestión de recursos humanos coherentes para que a medio plazo podamos tener un número de enfermeros en España acorde con la media de la Unión Europea y que den respuesta a todas las necesidades de la población. En definitiva, en cuidados profesionales y supervisión de cuidados que apuesten por las enfermeras/os”.

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El CGE y la Policía Nacional formarán a las más de 325.000 enfermeras de España para darles herramientas de prevención contra las agresiones

 

 

• Ambos organismos han acordado continuar con su alianza con el objetivo de prevenir, proteger y luchar contra una lacra que golpea enormemente al Sistema Nacional de Salud y que pone en riesgo la integridad de los profesionales.
• Las denuncias “in situ” buscarán eliminar los traslados hasta la comisaria y facilitar a los sanitarios que puedan pedir ayuda directamente a la Policía en los centros sanitarios.
• “No podemos consentir que las personas que nos cuidan y nos curan estén sometidos a un estrés continuo y lleguen a sufrir ansiedad por el miedo a ser agredidos”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

 

El Consejo General de Enfermería y el Interlocutor Policial Sanitario formarán a las más de 325.000 enfermeras y enfermeros de España para prevenir las agresiones en hospitales, centros de salud y domicilios. Será a través de un curso y varios webinars gratuitos en los que se darán las pautas sobre cómo actuar en un momento de riesgo. Así se ha puesto de manifiesto durante una reunión celebrada en la sede del CGE con representantes de la Policía Nacional para analizar y debatir sobre la situación a la que se enfrentan en la actualidad los sanitarios en general y las enfermas en particular.

“Las agresiones a profesionales sanitarios son una de las grandes lacras a la que nos enfrentamos en el Sistema Nacional de Salud y tenemos que actuar todos, organismos profesionales, administraciones y demás instituciones para poner una solución inmediata. No podemos consentir que las personas que nos cuidan y nos curan estén sometidos a un estrés continuo y lleguen a sufrir ansiedad por el miedo a una agresión”, afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Esta formación, que será de libre acceso para todos los enfermeros y enfermeras que quieran consultarla, es una más de las sinergias entre el órgano regulador de la profesión y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llevan haciendo conjuntamente desde hace años. “Siguiendo las líneas de colaboración con el Consejo General, vamos a dar herramientas y pautas de prevención antes de que se produzca la agresión, durante la agresión y cómo actuar después de ella”, explica Sandra Pérez, policía del Equipo del Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional.

Instrumento de control

Agradecido se ha mostrado Diego Ayuso, secretario general del CGE, tras la reunión, ya que considera que “desde la aparición del interlocutor policial sanitario de la policía nacional y todo su equipo, nos están ayudando de una forma muy activa a la hora tanto de identificar el problema como de establecer estrategias de mejora para que las enfermeras sepan cómo actuar”.

Prevenir, proteger y luchar contra este problema es uno de los principales objetivos del Consejo General de Enfermería, que cuenta con el Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras para registrar y denunciar estas situaciones. A lo largo de 2020, pese al confinamiento estricto, el Observatorio registró un 12,5% más de agresiones a enfermeras que en 2019. Unas cifras que ponen de manifiesto el gran problema al que se enfrenta el sistema. Por su parte, los datos de la Policía Nacional revelan que en este último año las denuncias registradas han vuelto a niveles prepandemia, un dato que no consideran alarmante, pero sí importante abordar.

Denunciar, denunciar y denunciar

“Queremos que cuando haya una agresión se denuncie porque es la única forma de perseguir a los autores. Debemos evitarlo, creando campañas de concienciación y dando herramientas a las enfermeras. También estamos fomentando que se creen departamentos de seguridad, se haga una valoración de riesgos, en qué lugares se producen estas agresiones y otras variables para que se contraten vigilantes de seguridad. Pretendemos que, además de una prevención por parte del personal sanitario para que eso no vaya a más, haya alguien que lo proteja y evite en el caso de que ocurra”, resalta Manuel Yanguas, comisario principal de Policía Nacional e Interlocutor Policial Sanitario.

En esta misma línea se expresa Ángela Pérez, policía del Equipo del Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional, que achaca el aumento de agresiones a que “ya se ha normalizado la atención sanitaria y hemos vuelto a una atención presencial con mayor afluencia de pacientes, especialmente en Atención Primaria”.

Según los datos presentados por la Policía, el perfil del agresor detenido suele coincidir con el de un varón de entre 36 y 55 años y de nacionalidad española, mientras que el perfil de la víctima es una mujer de edad similar y también de nacionalidad española.

Denuncias “in situ”

Durante la reunión, el Interlocutor Policial Sanitario también ha anunciado la intención de implantar el protocolo de “denuncias in situ”, una herramienta muy efectiva que ya funciona en centros comerciales y que acerca a la Policía hasta los centros sanitarios, evitando traslados innecesarios del personal a las comisarías y facilitando las denuncias.

“Esto es una noticia muy importante para nosotros porque facilitará muchísimo que las enfermeras que sufran una agresión, física o verbal, puedan denunciarlo. Debemos tener tolerancia cero a este problema y no podemos permitir ni un insulto ni una amenazada por parte de nadie. Nuestras compañeras asistenciales deben denunciar automáticamente y este nuevo sistema nos ayudará enormemente”, concluye Diego Ayuso.

*Pie de foto (de izquierda a derecha): Ángela Pérez, policía del Equipo del Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional; Manuel Yanguas, comisario principal de Policía Nacional e Interlocutor Policial Sanitario; Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería; Sandra Pérez, policía del Equipo del Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional, y Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.

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Con fecha 11 de diciembre, se llevó a cabo la primera convocatoria de las dos recogidas en la Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería
Familiar y Comunitaria, según lo establecido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería.

Se abrirá un nuevo plazo de inscripción para la participación en la segunda convocatoria de los aspirantes admitidos a la prueba objetiva.

Las fechas de publicación del periodo de inscripción y la fecha de celebración, serán convenientemente publicadas en la web del Ministerio de Universidades.

Aquellos participantes con una puntuación de APTO, deberán esperar a la publicación en breve de la mencionada modificación de la Resolución de Convocatoria y su punto 17, donde se establecerán las nuevas condiciones de concesión y expedición del título de especialista.

ENLACES DE INTERÉS:

• Nota informativa. Inscripción y celebración segunda convocatoria. Concesión y expedición del título de especialista.

• Relación definitiva de resultados de inscritos a la primera convocatoria de la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

• Ir a Web Ministerio.

Ante el “silencio” del Ministerio de Sanidad sobre la nueva cualificación profesional impulsada por el Ministerio de Educación

La Mesa Enfermera pide a la ministra de Sanidad que informe si apoya la nueva FP sociosanitaria

 

• La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, pide a Carolina Darias que confirme si su departamento ha emitido un informe favorable a la nueva cualificación profesional de Formación Profesional sobre “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal”. 

• SATSE y el Consejo General de Enfermería reiteran su absoluto rechazo a la pretensión del Ministerio de Educación de implantar un nuevo perfil profesional que, además de ser innecesario y conllevar un claro conflicto dentro del sector sociosanitario, puede suponer riesgos en la seguridad asistencial de los cerca de 400.000 mayores que viven en las residencias. 

• La Mesa Enfermera subraya que la nueva cualificación profesional perjudica gravemente los espacios profesionales de las enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales que prestan sus servicios en las residencias, y conlleva un peligroso riesgo para la atención y cuidados a las personas mayores, el colectivo social más vulnerable. 

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha pedido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que confirme si su departamento ha emitido un informe favorable a la nueva cualificación profesional de Formación Profesional sobre “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal” y, si ese es el caso, cuáles son sus argumentos para apoyar una iniciativa que ha sido fuertemente rechazada por la profesión enfermera por las perjuicios que ocasionará en la atención y cuidados a las personas mayores.

En una carta dirigida a la titular de Sanidad, la Mesa de la Profesión Enfermera le traslada que ha tenido conocimiento en fechas recientes, a raíz de unas declaraciones públicas de la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz, que el Ministerio de Sanidad elaboró un informe favorable a la nueva cualificación profesional, algo que no ha podido ser confirmado al no haberse pronunciado públicamente el Ministerio de Sanidad al respecto.

Por ello, la Mesa Enfermera solicita a Carolina Darias que le facilite el mencionado informe de cara a conocer con mayor exactitud los argumentos esgrimimos desde el Ministerio de Sanidad para mostrar su apoyo a una nueva cualificación profesional que “ha provocado un generalizado rechazo por parte de organizaciones profesionales y sindicales, sociedad científicas, estudiantes y otros organismos, no solo de la profesión enfermera sino de otras que también desarrollan su labor y competencias en las residencias de mayores”, apunta.

La Mesa de la Profesión Enfermera insiste en su absoluto rechazo a la pretensión del Ministerio de Educación de implantar un nuevo perfil profesional que, además de ser innecesario y conllevar un claro conflicto dentro del sector sociosanitario, puede suponer claros riesgos en la seguridad asistencial de los cerca de 400.000 mayores que viven en residencias y que son el colectivo social más vulnerable.

“Después de dos años extraordinariamente difíciles para todos y todas, y especialmente para las personas que han hecho de las residencias de mayores su hogar, nos parece muy poco apropiado y oportuno que se pretenda dar solución a los problemas que han sufrido y sufren estos centros sociosanitarios con la creación de esta nueva cualificación en lugar de apostar por el incremento y mejora de recursos y profesionales que, como es el caso de las enfermeras y enfermeros, están perfectamente cualificados y capacitados para realizar las labores de asistencia, coordinación y supervisión de los cuidados necesarios”, asevera.

Asimismo,  la Mesa de la Profesión Enfermera critica que desde el Ministerio de Educación se quiera impulsar la creación de una figura no sanitaria de Formación Profesional para vigilar y tutelar a unos profesionales sanitarios que, tras cursar cuatro años de estudios universitarios de Grado o seis en el caso de tener la especialidad de Enfermería Geriátrica, están perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias de mayores sin necesidad alguna de que su labor profesional haya de ser coordinada, supervisada o tutelada por un profesional de inferior cualificación.

“Se trata de una iniciativa del Ministerio de Educación que insistimos perjudica gravemente los espacios profesionales de las enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y otros profesionales que prestan sus servicios en las residencias, y que conlleva un peligroso riesgo para la atención y cuidados a las personas mayores. De ahí, nuestro lógico interés por conocer el posicionamiento oficial del Ministerio de Sanidad, a través del mencionado informe que le hemos solicitado”, concluye.

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