Nueva muestra de acción conjunta de los principales organismos y organizaciones que representan a las 330.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país

Unidad Enfermera reclama a los partidos en el Congreso que aprueben la Ley de Seguridad del Paciente que necesita la sociedad

• Unidad Enfermera pide que la norma, que está pendiente del debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Sanidad, sea finalmente aprobada respetando su principal objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes, a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera/o.
• Unidad Enfermera confía en que del debate parlamentario salga una Ley enriquecida con las aportaciones de todos los grupos políticos, pero insiste en la necesidad de que el texto finalmente acordado posibilite que en nuestro país se garantice una atención sanitaria en óptimas condiciones de calidad y seguridad asistencial.

Unidad Enfermera, alianza que reúne y representa a todos los ámbitos de la profesión en nuestro país, ha reclamado a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que impulsen la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente y posibiliten que la norma que finalmente se apruebe contribuya de manera decisiva a mejorar la salud y calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Los principales organismos y organizaciones que representan a las 330.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país han vuelto a mostrar la unidad de la profesión y se han dirigido por carta a los partidos políticos en el Congreso de los Diputados (PSOE, PP, Podemos, Vox, Ciudadanos, EAJ PNV, EH Bildu, Grupo Mixto, Grupo Republicano y Grupo Plural) con la demanda conjunta de que esta norma, que está pendiente del debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Sanidad, sea finalmente aprobada respetando su principal objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes, a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera/o en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país.

Unidad Enfermera, constituida por el Consejo General de Enfermería (CGE), el Sindicato de Enfermería, SATSE, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE), Sociedades Científicas Enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE), considera esencial la aprobación de esta norma lo más pronto posible, una vez transcurridos ya más de tres años desde que entró en la Cámara Baja como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Un ILP que logró el respaldo de casi 700.000 personas, así como el apoyo de ayuntamientos y parlamentos autonómicos, y de numerosas asociaciones de pacientes y consumidores, organizaciones de enfermeras de todo el mundo y personalidades de distintos ámbitos profesionales, y que, en su toma en consideración, en el Pleno del 15 de diciembre de 2020, fue respaldada por la práctica totalidad de los grupos políticos, con 312 votos a favor, recuerdan.

Unidad Enfermera destaca que numerosos estudios científicos nacionales e internacionales concluyen que existe una clara relación entre el número de pacientes asignados a cada enfermera/o y los riesgos existentes para su salud y seguridad asistencial. “A una mayor asignación de pacientes por profesional, más riesgos, efectos adversos y complicaciones en el proceso asistencial, así como un incremento de la mortalidad y morbilidad”, apuntan.

Lamentablemente, en España se dan situaciones de que en un hospital llegue a haber hasta 20 y 25 pacientes por cada enfermera, hasta 2.000 y 2.500 ciudadanos/as por enfermera/o en los centros de salud y hasta 150 y 200 residentes por cada profesional en los centros de mayores. Una realidad que se produce porque nuestro país cuenta con solo seis enfermeras/os por 1.000 habitantes cuando los países de nuestro entorno tienen hasta 17 enfermeras/os por cada 1.000 habitantes.

Por ello, Unidad Enfermera defiende la aprobación urgente de esta Ley bajo la premisa de que el principal objetivo y prioridad del sistema sanitario y sus profesionales debe ser siempre la persona, no solo cuando pueda sufrir cualquier enfermedad o problema de salud, sino a lo largo de toda su vida para también prevenir, educar en salud y fomentar hábitos de vida saludables.

Unidad Enfermera confía en que del debate parlamentario salga una Ley enriquecida con las aportaciones de todos los partidos, pero insiste en la necesidad de que el texto finalmente acordado posibilite que en nuestro país se garantice una atención sanitaria en óptimas condiciones de calidad, seguridad asistencial y bienestar integral para todas las personas. De igual manera, la Ley asegurará la equidad en la atención sanitaria y cuidados para que no haya diferencias ni desigualdades entre comunidades autónomas.

Un objetivo que, atendiendo a sucesivas encuestas y sondeos de opinión, también es compartido por el conjunto de la ciudadanía que reclama que se prioricen, dentro de la gestión pública, las actuaciones y medidas necesarias para mejorar la atención sanitaria y cuidados que se presta en cualquier lugar de nuestro país, concluyen desde Unidad Enfermera.

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El Consejo General de Enfermería pide invertir en enfermeras para mejorar nuestro sistema sanitario

• Desde el CGE se insiste en que es preciso aumentar la financiación pública destinada a Sanidad, garantizar la seguridad asistencial de los pacientes y ciudadanía con una dotación adecuada y suficiente de enfermeras en todos los servicios de salud, acabar con las agresiones a los profesionales, incluir a las enfermeras en el Grupo A, sin subgrupos, y avanzar en las especialidades de enfermería. 

• Como subraya Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, “si queremos que nuestra Sanidad tenga futuro, es necesario poner estas medidas en marcha, porque, sin enfermeras no hay salud, y sin salud no hay futuro. Es necesario invertir en enfermeras y apostar por su desarrollo profesional, ya que esto supone mejorar la calidad de los cuidados a la población española”. 

• “El no disponer de unas plantillas suficientes de enfermeras que puedan ofrecer una atención y cuidados de calidad a la sociedad, conlleva una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e incluso, fallecimientos, como constatan numerosos estudios científicos publicados a lo largo de los últimos años”, ha destacado Pérez Raya. 

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, un derecho básico y universal, pero que sigue sin llegar a todo el mundo. Precisamente, este año se celebra el 75 aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud bajo el lema “Salud para todos”. Con motivo de este día, el Consejo General de Enfermería quiere recordar que a nivel mundial los sistemas sanitarios todavía se están recuperando de los efectos de la pandemia, incluido el nuestro, algo que no será posible si no se invierte en enfermeras.

Como ha señalado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, “España cuenta con unas de las mejores enfermeras del mundo. Unos profesionales que siempre lo han dado todo por los pacientes, antes, ahora y muy especialmente durante la pandemia, cuando se jugaron la vida para prestar su asistencia. Sin embargo, las demandas de las enfermeras han sido ignoradas por nuestros gobernantes durante años o han sido acalladas con promesas que luego incumplían de forma sostenida. Pero si queremos que nuestra Sanidad tenga futuro, es necesario ponerlas en marcha, porque, sin enfermeras no hay salud, y sin salud no hay futuro. Es necesario invertir en enfermeras y apostar por su desarrollo profesional, ya que esto supone mejorar la calidad de los cuidados a la población española”.

Por ello, desde el CGE se insiste en que es preciso aumentar la financiación pública destinada a Sanidad, garantizar la seguridad asistencial de los pacientes y ciudadanía con una dotación adecuada y suficiente de enfermeras en todos los servicios de salud, acabar con las agresiones a los profesionales, incluir a las enfermeras en el Grupo A, sin subgrupos, y avanzar en el desarrollo e implantación de las especialidades de enfermería.

Escasez de enfermeras

A nivel mundial la escasez de enfermeras es tan grave -dependiendo de los estudios se cifra en una horquilla de entre 13 y 30 millones de enfermeras de déficit-, que el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) ha pedido que se trate como una emergencia de salud pública a nivel internacional, algo en lo que coincide el Consejo General de Enfermería.

“Sólo España necesita más de 95.000 enfermeras para llegar a los datos de nuestros vecinos, pues existe un déficit estructural en todo el sistema sanitario que pone en grave riesgo la seguridad de los pacientes en los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país. El no disponer de unas plantillas suficientes de enfermeras y enfermeros que puedan ofrecer una atención y cuidados de calidad a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía, conlleva una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e incluso, fallecimientos, como constatan numerosos estudios científicos nacionales e internacionales publicados a lo largo de los últimos años”, ha destacado Pérez Raya.

Así, “el número de pacientes que tiene que atender cada enfermera o enfermero, tanto en los hospitales como en los centros de salud y centros sociosanitarios, duplica e, incluso, triplica las cifras recomendadas para poder garantizar la calidad y seguridad asistencial en todo momento”, detalla.

Toda esta situación, que el CGE lleva años denunciando, se ha visto exacerbada con la pandemia. Así, como recordaba el presidente de las 330.000 enfermeras españolas, “aunque haya muchos que quieran negarlo, nuestro sistema sanitario colapsó en los peores momentos del COVID-19. Y si ahora queremos reconstruirlo, aunque sólo sea para recuperar la atención previa a la pandemia, es imposible hacerlo sin contar con un número adecuado de enfermeras, pues invertir en estas profesionales es garantizar el bienestar y la salud de nuestra sociedad, siendo fundamental que las enfermeras/os participen de forma más activa en la toma de decisión en políticas de salud y en la gestión sanitaria de primer nivel”, ha concluido Pérez Raya.

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Estimados parcialmente los recursos del Consejo General y el Sindicato de Enfermería, SATSE

El Tribunal Supremo ratifica que los técnicos de supervisión sociosanitaria no pueden desarrollar competencias propias de las enfermeras

• El Alto Tribunal anula parte de la nueva Formación Profesional en “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal” al considerar que invade competencias de enfermeras y otros profesionales sanitarios en la supervisión de procedimientos como la oxigenoterapia, aerosolterapia o aparatos de ventilación mecánica, así como pautas farmacológicas o la atención de emergencia, entre otros muchos aspectos. 

• Los recursos presentados por SATSE y el CGE incidían en la inseguridad clínica que genera que el supuesto supervisor carezca de conocimientos técnicos que sí tiene el personal supervisado, como es el caso de las enfermeras o médicos. 

• Ambas organizaciones ya manifestaron en su día su sorpresa por la creación de una figura profesional para supervisar los cuidados en el ámbito sociosanitario con unas competencias “de supervisión de actuaciones típicamente sanitarias” sin un estudio previo. Algo que ahora consideran los jueces que “no es, desde luego, un signo de seriedad” por no contar con informes que lo justifiquen.

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos presentados por la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, contra el nuevo título de Formación Profesional de “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal” por invadir competencias propias de las enfermeras. Así, el Alto Tribunal anula competencias atribuidas a esta nueva figura “no sanitaria” creada para supervisar el trabajo de profesionales sanitarios, como las enfermeras -y del personal auxiliar-, en relación al seguimiento de las actuaciones de emergencia, las pautas farmacológicas, alimentación, oxigenoterapia o ventilación mecánica, entre otras muchas actuaciones o procedimientos. SATSE y el CGE incidían en sus recursos en la inseguridad clínica derivada del hecho de que la supervisión clínica que le corresponde a médicos y enfermeras esté en manos de una persona sin los conocimientos técnicos precisos que sí tiene el personal supuestamente supervisado.

La Mesa de la Profesión cree pertinente haber hecho una consulta previa en este asunto a las organizaciones profesionales -tanto al Sindicato de Enfermería, SATSE, como al Consejo General de Enfermería- por su representatividad en la defensa de los intereses profesionales de la profesión enfermera. En todo caso, se congratula de que con esta actuación conjunta y coordinada con algunos colegios provinciales de enfermería se haya podido defender de manera satisfactoria las competencias y funciones de las enfermeras.

Recalca el Tribunal Supremo en su sentencia que la Unidad de Competencia 1 -concretamente los puntos CR1.3, CR1.4 y CR1.5- hace alusión a “la supervisión de actuaciones típicamente sanitarias” lo que “se deduce de la mera lectura de esos criterios” y que “pese a no implicar asistencia directa a pacientes o usuarios de los servicios sociosanitarios dicha supervisión es susceptible de incidir en la labor profesional de enfermeros y otros profesionales sanitarios”.

Por otra parte, los magistrados señalan que la Secretaría de Estado de Formación Profesional nunca llevó a cabo un estudio que respaldara la necesidad de crear un nuevo título de supervisión en la atención sociosanitaria, pues “ese estudio previo nunca existió (..) lo que no es, desde luego, un signo de seriedad”.

La inexistencia de ese estudio previo -dice la sentencia- “nos impide saber por qué razón se han incluido unos cometidos que, a primera vista, entra en conflicto con los cometidos profesionales de la Enfermería”.

Figura innecesaria

La Mesa de la Profesión Enfermera muestra su satisfacción por esta decisión judicial ante lo que siempre ha considerado una figura innecesaria que conlleva necesariamente un conflicto dentro del sector sociosanitario, dado que podía suponer claros riesgos en la seguridad asistencial de los cerca de 400.000 mayores que viven en residencias y que son el colectivo social más vulnerable.

Así, recuerda que carece de sentido impulsar la creación de una figura no sanitaria de Formación Profesional para vigilar y tutelar a unos profesionales sanitarios que, tras cursar cuatro años de estudios universitarios de Grado o seis en el caso de tener la especialidad de Enfermería Geriátrica, están perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias de mayores sin necesidad alguna de que su labor profesional haya de ser coordinada, supervisada o tutelada por un profesional de inferior cualificación.

Ante el evidente problema -más que visible durante la reciente pandemia- de la atención a mayores y dependientes, la solución pasa, en opinión del CGE y SATSE, por el incremento y mejora de recursos y profesionales que, como es el caso de las enfermeras y enfermeros, ya existen y están perfectamente cualificados y capacitados para realizar las labores de asistencia, coordinación y supervisión de los cuidados necesarios.

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