Personal “low cost” para sustituir a los sanitarios

La nueva Formación Profesional en cuidados sociosanitarios del Gobierno amenaza el bienestar de las personas que viven en residencias

 

• El Consejo General de Enfermería considera que el nuevo módulo formativo de supervisión de la atención sociosanitaria que ha aprobado el Ministerio de Educación y Formación Profesional supone una clara devaluación de la atención que reciben las personas que son atendidas en un centro sociosanitario.
• Tanto la Organización Colegial como las sociedades científicas de Enfermería creen que las enfermeras -tanto generalistas como especialistas en Geriatría- son el personal cualificado para llevar a cabo esa labor.
• La falta de profesionales sanitarios cualificados en las residencias, como ha dejado patente la pandemia que atravesamos, no se va a solucionar con una titulación mal enfocada, dirigida a contratar personal “low cost” que sustituya a los sanitarios.
• “Las enfermeras han llevado el peso de la pandemia en las residencias y lo que debe legislar el Gobierno es que las compañeras que trabajan en el ámbito sociosanitario sean reconocidas y se amplíen las plazas de enfermeras generalistas y especialistas en Geriatría, y que no ejerzan en condiciones de precariedad e inestabilidad. Con soluciones intermedias sólo sale perdiendo el paciente. No olvidemos que caminamos hacia una sociedad aún más envejecida y aquejada de patologías crónicas”, asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

 Tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional va a incorporar al catálogo oficial el módulo de “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”, una formación que pone en peligro la atención a personas mayores o dependientes que residen en centros sociosanitarios. En opinión del Consejo General de Enfermería, el Gobierno establece esta titulación como una solución “low cost” a la falta estructural de profesionales sanitarios cualificados en los centros sociosanitarios. Una salida que hipoteca el futuro de la sociedad española, envejecida y aquejada de patologías crónicas, que demanda y demandará en mayor medida en los próximos años unos cuidados de calidad en los centros sociosanitarios. El módulo de Formación Profesional por el que apuesta el Ejecutivo de Pedro Sánchez incorpora como “intervenciones sanitarias asistenciales” propias del título los “cuidados básicos de enfermería”, algo incomprensible ya que si lo que persigue esta titulación es contar con personal cualificado lo que se debe hacer es recurrir a las enfermeras, tanto generalistas como especialistas en Geriatría, con las que ya cuenta la sociedad, profesionales formados durante años para atender y hacer de nuestras residencias lugares seguros y sanos. En los equipos asistenciales de las residencias de mayores y el sector sociosanitario las enfermeras trabajan en equipos de cuidados junto a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). No es necesario que se incorporen nuevas titulaciones sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes.

“Existe un importante déficit de cuidados. Hay que apostar por las enfermeras como referentes en cuidados y no que nuevos perfiles profesionales se sumen a un sector laboral donde prevalece la precariedad laboral, la ausencia de enfermeras -generalistas y especialistas en Geriatría- y la falta de control. Hay que invertir para que el sector sociosanitario pueda mejorar sus prestaciones y condiciones de trabajo. Todo ello ha incidido de forma muy negativa en época de emergencia sanitaria, como esta pandemia que todavía nos azota. El CGE ya manifestó su rechazo cuando nos enteramos de que era una proposición no de ley (PNL) del PSOE en el pasado mes de marzo. Nuestros servicios jurídicos ya están revisando la norma para impugnarla en todos los aspectos que puedan invadirse competencias enfermeras y con todos los argumentos que afecten a nuestra profesión”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Por su parte, Fernando Martínez Cuervo, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), asegura que “es indignante y lamentable que se planteen estos estudios dirigidos a poblar con personal no cualificado un sector estratégico y eso repercute negativamente en unos pacientes con unas necesidades importantes de cuidados, unos cuidados de calidad que sólo pueden estar a cargo de las enfermeras”. Asimismo, distintas sociedades científicas de Enfermería han trasladado su rotunda oposición a esta titulación.

Hay profesionales de Enfermería que podrían realizar una excelente labor en las residencias y centros sociosanitarios de toda índole. Sin embargo, se trata de un sector se ha caracterizado, como norma general, por ofrecer a los profesionales unas condiciones laborales indignas para que las enfermeras subsistan y crezcan profesionalmente. A pesar de ello, muchas enfermeras son llamadas por su vocación a trabajar con este tipo de pacientes.

La falta de profesionales sanitarios cualificados en las residencias, como ha dejado patente la pandemia que atravesamos, no se va a solucionar con una titulación mal enfocada, dirigida a contratar profesionales “low cost” que sustituyan a los sanitarios.

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Posicionamiento del CGE ante la sentencia en Jaén que reconoce la falta de equipos de protección, pero exime de responsabilidad a las autoridades sanitarias

 

En los últimos días se ha hecho pública una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén que reconoce la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus, pero exime de responsabilidad al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por entender que no ha habido una vulneración del artículo 15 de la Constitución, que  recoge el derecho a la vida y a la integridad física y moral. La sentencia se dicta como consecuencia de una demanda interpuesta en marzo de 2020 por el Colegio de Enfermería de Jaén con el objetivo de proteger los derechos de sus colegiados.

En su fallo, el juez considera no se ha producido la violación del derecho fundamental invocado ya que «no se aprecian, dadas las circunstancias, ninguna acción u omisión que limitase derecho fundamental alguno de los demandantes» y que los hechos alegados no se pueden incluir en «el contenido esencial del derecho fundamental invocado».

Ante esta situación el Consejo General de Enfermería de España quiere hacer público los siguientes posicionamientos:

1. Como no puede ser de otra manera, respetamos el fallo judicial, pero en absoluto podemos compartirlo porque no contempla la realidad de lo que supuso la actuación de las enfermeras en los momentos iniciales de la pandemia
2. Queremos trasladar a las enfermeras y enfermeros de Jaén, a su colegio profesional y al presidente, nuestra más profundo apoyo y solidaridad ante un fallo judicial que entendemos que es ajeno a la labor inconmensurable que han hecho los profesionales a lo largo de toda la pandemia para cuidar de los pacientes exponiendo su vida y la de sus familiares. Cabe recordar que en Jaén un enfermero y profesor universitario, Pedro Carrillo, dio la vida por sus pacientes, y otros miles cayeron contagiados y sufrieron graves consecuencias, como en el resto del país.
3. Las enfermeras y enfermeros de toda España han dado un ejemplo de profesionalidad, excelencia y entrega a los pacientes a lo largo de todos los meses de pandemia. Han sacrificado fines de semana, días libres, festivos, vacaciones, y jamás han dudado en acudir a su trabajo a pesar de los momentos críticos que vivieron y de la falta de medios de protección. Y en estos momentos todavía muchos profesionales sanitarios arrastran secuelas por todo este trabajo, desde psicológicas hasta las propias de haber pasado el COVID que incluyen secuelas graves como el COVID persistente.
4. La legislación en materia de riesgos laborales obliga a proporcionar al trabajador todos los recursos necesarios para poder desarrollar su actividad laboral con todas las garantías para su seguridad e integridad física, tal y como sí ha reconocido una sentencia reciente dictada en Alicante en la que se condena a las autoridades sanitarias por incumplir esta obligación. Si se reconoce que se ha incumplido esta obligación por parte de las autoridades sanitarias, no tiene sentido que a continuación se pretenda que las enfermeras y enfermeros soporten las consecuencias de semejante incumplimiento, como así ha ocurrido en este caso. Las organizaciones sanitarias vulneraron la Ley al no proteger adecuadamente a los trabajadores y por ello deben asumir las consecuencias y repararlas. De ahí que sorprenda la disparidad de criterios entre dos sentencias –la del juzgado de Jaén y la de Alicante- dictadas ante la misma situación denunciada.
5. Son numerosos ya los pronunciamientos judiciales que consideran demostrado que las autoridades sanitarias incumplieron la legislación en materia de riesgos laborales con los profesionales sanitarios que estuvieron luchando contra el COVID en toda España. Cabe recordar que las administraciones conocieron la pandemia con la antelación suficiente para haber comprado el material de seguridad necesario, pero no actuaron con la rapidez y diligencia necesaria para adquirirlo a tiempo y, por tanto, condenaron a los profesionales a luchar contra el COVID con bolsas de basura, material defectuoso y mascarillas y material reutilizadas de forma sostenida en contra de las El Consejo General de Enfermería denunció en su momento al Gobierno de España por esta cuestión y, ante la falta de equipos de protección para las enfermeras, invirtió cerca de 800.000 euros en la compra de material de protección, que luego fue distribuido a los colegios de Enfermería de toda España.
6. Han muerto muchos cientos de profesionales contagiados por no disponer del material de seguridad necesario, por tanto, resulta imprescindible que se depuren todas las responsabilidades de todo tipo en que hayan podido incurrir las autoridades y responsables de la gestión durante la pandemia.
7. El Consejo General de Enfermería de España confía en la Justicia y que el recurso del Colegio sirva para corregir el fallo en segunda instancia y los profesionales vean reconocido su trabajo y el altísimo riesgo al que fueron sometidos de forma injusta.
8. Estamos y estaremos siempre al lado del Colegio de Jaén, de sus colegiadas y de su presidente para cualquier cosa que necesiten en su lucha por el reconocimiento judicial de su sacrificio profesional y personal en los días más duros de la pandemia, al igual que estaremos al lado de todas las enfermeras/os que han presentado denuncia por estos hechos en cualquier lugar de España, ya que es de justicia que se reconozca y repare el daño ocasionado. Asimismo, queremos expresar nuestro reconocimiento a la encomiable labor que esta institución colegial está llevando a cabo para defender a las enfermeras y enfermeros de la provincia.

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                NOTA DE PRENSA

El CGE se reúne con asociaciones de enfermería para establecer estrategias comunes en la lucha por el A1, las especialidades o el déficit de profesionales

 

• Destacadas plataformas y asociaciones que representan a enfermeras de distintos ámbitos y regiones han analizado junto a miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería los distintos retos y demandas que afronta la profesión y las distintas vías para lograrlos.

 

• En línea con lo planteado en la última Asamblea de la Organización Colegial, el evidente agravio, inacción y desprecio político hacia la profesión enfermera exige una movilización sin precedentes en la que participen colegios, asociaciones, sindicatos y enfermeras de base.

 

• La injusticia que supone que las enfermeras no sean reconocidas con el nivel A1 de la Administración y su desidia para materializar las especialidades de Enfermería han centrado también la reunión.

 

Madrid, 12 de enero de 2022.- La falta de enfermeras en España, su consideración como trabajadores públicos de un nivel inferior, la desidia política para que se concreten las especialidades de Enfermería, la jubilación anticipada, las 35 horas semanales y la precariedad laboral han centrado el encuentro entre el Consejo General de Enfermería y representantes de distintas asociaciones de enfermeras de ámbito nacional y autonómico. Durante más de dos horas, se han analizado los objetivos y estrategias comunes para combatir los agravios hacia la profesión que cuida de las personas las 24 horas, los 365 días del año y que ha sufrido en la primera línea de la mayor emergencia sanitaria en décadas.

 

Desde el Consejo General de Enfermería se valora el clima de diálogo que preside desde hace algún tiempo las relaciones entre todos los colectivos que conforman la profesión y se apuesta por una lucha coordinada para lograr reivindicaciones históricas y justas desde la unidad y el consenso. Las demandas que han trasladado las asociaciones presentes -de forma virtual y presencial- son en gran medida compartidas por toda la Organización Colegial de Enfermería.

 

En la reunión han estado presentes los representantes de diferentes asociaciones como Enfermería Digna -Borja Manzanares y Ángel Valbuena-; Enfermería Madrid Unida, representada por Borja Gutiérrez; Francisco Prieto, de la Plataforma Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias; Raquel Celador, en nombre de  Enfermeras Islas Baleares en Lucha y Alba Rodríguez, por Enfermeiras eventuais en loita de Galicia; además de algunos enfermeros a título particular como el influencer Víctor Aparicio. Por parte del Consejo General han participado uno de sus vicepresidentes, José Luis Cobos y el secretario general, Diego Ayuso, quienes han recogido las propuestas y compartido líneas comunes de acción, como la movilización en las calles, algo que fue planteado en la última Asamblea de la Organización Colegial y recabó un gran apoyo por parte de los presidentes de los colegios de enfermería.

 

El enfermero de Urgencias del Hospital de Mataró (Barcelona), Borja Manzanares, en representación de Enfermería Digna, ha declarado al finalizar el encuentro que “es un momento en el que tenemos que salir a reivindicar todos nuestros derechos. Estamos muy mal en toda España en todos los aspectos y hay que trabajar juntos para luchar por ello, por cuestiones que nos afectan a todos como el A1, las especialidades, el tema de la jubilación anticipada… El tema del A1 es una falta de respeto hacia las enfermeras, que nos corresponde por los años de dedicación, por la formación continuada y por el nivel de responsabilidad que tenemos en nuestros puestos de trabajo. Estamos hartos de homenajes, de estatuas, de aplausos… de eso no se come. La vocación es muy barata y la profesionalidad se tiene que pagar”.

 

Desde el CGE se apoya la organización de una gran marcha o concentración para reivindicar una serie de cuestiones que son de justicia -aunque los políticos lleven años o décadas sin tomarlas en serio- y que sin duda será respaldada por la sociedad española, por esos ciudadanos que saben el valor de las enfermeras y su incidencia en la salud de todos y en el sostenimiento de un sistema sanitario, fuerte, equitativo y de calidad.

 

Por la seguridad de los pacientes

Por su parte, Borja Gutiérrez, enfermero hospitalario del SERMAS y representante de Enfermería Madrid Unida, asegura que “respecto al A1 los requisitos de formación -cuatro años de Grado más dos de especialidad en el caso de muchas compañeras- y de responsabilidad, que nadie pone en duda, los cumplimos de sobra. Una concentración masiva es la mejor forma de que se nos vea a las enfermeras, de que los políticos sepan que estábamos muy mal mucho antes de la pandemia. Esta movilización debe ir de la mano de las instituciones y plataformas como las nuestras, además de sindicatos y otras asociaciones. Deben ver que no nos vamos a cansar de pelear por cosas que nos merecemos. Por otro lado, una ratio de pacientes adecuada por supuesto facilita nuestro trabajo, pero sobre todo garantiza la seguridad de los pacientes. Hay otros frentes, la jubilación anticipada, las especialidades, las 35 horas semanales, la carrera profesional, que sólo se consigue por vía judicial…”.

 

En la reunión estuvo presente asimismo el enfermero Víctor Aparicio, quien afirma que “hay que hacer un verdadero esfuerzo tanto por parte de la enfermería asistencial como por los que se dedican más a la parte administrativa por aunarnos y juntarnos, de ahí la intención de volver a nuestros colegios y al CGE, porque al final son los estamentos que tienen la capacidad y la potestad de cambiar la realidad que estamos viviendo. Tenemos la enfermería mejor formada y más cualificada de Europa y a la vez somos de las peor tratadas. El CGE se ha comprometido a promover una gran concentración nacional para generar una gran presión ante la Administración Pública. Estamos en un momento histórico en el que las enfermeras tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan. Hay que mirar al futuro con una vista mucho más constructiva. Tenemos un enemigo común: el maltrato institucional”, concluye Aparicio.

 

Los representantes del Consejo General de Enfermeria han insistido en que se abre una nueva línea de trabajo con estas y otras asociaciones que no han podido asistir a la reunión y garantizan la continuidad del diálogo tanto para temas transversales y genéricos como para asuntos más sectoriales y específicos, ya que el Consejo General es la “casa” de todas las enfermeras y enfermeros de España cuyas puertas siempre están abiertas para tratar y debatir sobre cualquier tema profesional.

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Aclaración ante la sentencia del TS sobre cuidados nutricionales

Los colegios de nutricionistas y dietistas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia enviaron ayer una nota de prensa a los medios de comunicación con una interpretación sesgada, inadecuada y errónea de una sentencia del Tribunal Supremo, que ha generado una confusión importante entre los profesionales enfermeros y enfermeras. Esta situación hace necesario que desde el Consejo General de Enfermería aclaremos que dicho fallo judicial no afecta en absoluto a las competencias que tienen las enfermeras, incluidas las que le corresponden en el campo de la Nutrición, que están incluidas en su plan de estudios, históricamente consolidadas, pues se llevan desarrollando desde hace más de 40 años.

Así, queremos aclarar que la presente sentencia del Tribunal Supremo se refiere a una resolución del Consejo General para ordenar los cuidados corpoestéticos. La decisión judicial no entra a definir cuáles son las actuaciones y competencias de las enfermeras ni de los nutricionistas en este campo porque, insistimos, las competencias enfermeras vienen establecidas en la normativa vigente y se desarrollan a partir del plan de Estudios en el Grado de Enfermería.

Para el Alto Tribunal lo esencial es que una resolución del Consejo General de Enfermería, a su entender, no es la vía adecuada para ordenar las competencias de las enfermeras en el campo de los cuidados corpoestéticos, y por ello no entra a analizar las actuaciones concretas de cada profesión y sólo hace referencia a sentencias anteriores en este sentido.

Finalmente, debemos puntualizar que las enfermeras y enfermeros llevamos realizando cuidados nutricionales en diferentes ámbitos de primaria, hospitalaria, sociosanitaria, escolar… con plena competencia desde hace más de 40 años, siendo clave estas actuaciones para potenciar la promoción de la salud, la educación sanitaria y la adquisición de hábitos de vida saludables, esenciales todos ellos dentro de la actuación de la enfermera en su ámbito asistencial.

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